El 30 de Marzo el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela (TSJ) decidía asumir las funciones de la Asamblea Nacional (AN). Esta última, elegida el 6 de diciembre de 2015, está dominada por los partidos de la derecha agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Inmediatamente los acontecimientos se sucedieron de manera sorprendente. El viernes 31 de marzo la fiscal general, Luisa Ortegas Díaz, declaró que la sentencia del TSJ sobre la asamblea nacional violaba la constitución. Para el sábado 1 de abril, el presidente Nicolás Maduro se reunía con el Consejo de Seguridad (integrado por los presidentes de AN y TSJ, jefe de Estado, vicepresidente, ministros de Defensa, Interior y Exteriores) y solicitaba la revisión de la decisión del TSJ con respecto a la asamblea nacional. Para desconcierto de todos, el presidente Nicolás Maduro afirmaba no conocer la decisión y devolvía sus poderes a la Asamblea.
La decisión temporal de suspender las funciones de la Asamblea Nacional venezolana, ha sido aprovechada por todos los reaccionarios del mundo para lanzar una amplia campaña de propaganda. En nombre de los “valores” de la democracia, personajes como Rajoy, Felipe González, el Presidente de la OEA, y otros voceros de la burguesía y el imperialismo han derramado lágrimas de cocodrilo hablando de un “golpe de Estado”.
Ellos, y los medios de comunicación capitalistas que tanto se indignan hoy, son los mismos que apoyaron en la propia Venezuela acciones brutalmente represivas como el “caracazo”, cuando el 29 de Febrero de 1989 un gobierno dirigido por los mismos que hoy controlan la AN ordenó al ejército disparar con fuego real contra centenares de miles de personas que protestaban contra el plan de austeridad del FMI aprobado por ese mismo gobierno. En un sólo día fueron asesinadas más de 3.000 personas. Estos mismos personajes también apoyaron el golpe de abril de 2002 que encarceló al Presidente Hugo Chávez, y suspendió las garantías constitucionales de Venezuela. Sólo la reacción del pueblo venezolano, movilizándose masivamente, impidió que ese golpe de Estado inspirado por Washington, Fedecámaras, el PP y la dirección del PSOE, acabara en un baño de sangre. Más recientemente, la OEA volteó su mirada ante los casos de golpe de Estado en Honduras en 2009 y Paraguay 2012, y más recientemente ante el golpe institucional en Brasil, reflejando que es un organismo arrodillado a los intereses del imperialismo norteamericano.
Para combatir la contrarrevolución aplicar medidas socialistas, no bonapartistas
No es ningún secreto que la actual AN es utilizada por la burguesía y el imperialismo como instrumento para preparar su asalto al poder y acabar con las aspiraciones revolucionarias del pueblo venezolano. Cuentan para ello con sus agentes directos de la MUD. Ahora bien. ¿Cuál es el camino para derrotar a la reacción? ¿Cómo salvar la revolución bolivariana de la contrarrevolución capitalista?
Desde un punto de vista marxista y revolucionario, la decisión de disolver la AN para concentrar el poder en manos del TSJ, tiene muy poco que ver con una medida de carácter socialista que fomente el control y la participación democrática de las masas trabajadoras en el proceso revolucionario. Tampoco es una medida que sirva para transformar un Estado que sigue siendo burgués en otro socialista. Y, en todo caso, ha servido a la reacción mundial para elevar el tono en su propaganda contrarrevolucionaria, camuflándola con la “defensa de la democracia”.
Haciendo referencia a la historia de las revoluciones, los bolcheviques disolvieron la “Asamblea Constituyente” en enero de 1918, un “parlamento” convertido en el ariete de la contrarrevolución burguesa contra el poder de los trabajadores. La decisión de poner fin a este “parlamento” se tomó cuando el poder real estaba en manos de los soviets de obreros, campesinos y soldados, que representaban el poder democrático y legítimo de la inmensa mayoría de la sociedad. Además, en ese momento existía un gobierno revolucionario que liquidaba el Estado capitalista adoptando medidas socialistas reales, como la nacionalización de la banca y los monopolios, y la entrega de la tierra a los campesinos. Frente a un parlamento burgués contrarrevolucionario, un gobierno electo por los órganos de poder de los oprimidos tenía todo el derecho a afirmarse. Nadie, salvo los imperialistas, los terratenientes y los políticos burgueses, protestó para defender la “Asamblea Constituyente”.
Tras la victoria de la derecha contrarrevolucionaria en las elecciones a la AN, los marxistas defendimos que la única alternativa era la movilización y organización de las bases revolucionarias desde abajo para acabar con el poder de los capitalistas y conformar un auténtico Parlamento de la revolución. ¿Cómo hacerlo? Estableciendo una Asamblea Revolucionaria de delegados electos, y revocables, en las fábricas, en el campo y en los cuarteles, y adoptando un programa socialista de lucha contra los capitalistas y la burocracia roja rojita, la aliada de la burguesía en su afán de socavar y destruir las conquistas de la revolución venezolana, y compartir privilegios y negocios multimillonarios a costa del pueblo.
Durante los días posteriores a la derrota electoral miles de activistas revolucionarios se reunieron de forma espontánea en asambleas en barrios, escuelas y centros de trabajo. El sentir mayoritario era que la derrota tenía un culpable: la burocracia que se hace pasar por “revolucionaria”, pero que se ha enriquecido y fusionado con la burguesía, En ese momento, sectores del gobierno y de la dirigencia del PSUV respondieron con el llamamiento a conformar el Congreso de la Patria y el parlamento Comunal.
Una parte de la militancia chavista creyó en la promesa de que estas medidas supondrían desarrollar el poder popular y dar el golpe de timón a la izquierda contra el burocratismo, que poco antes de su muerte ya había reclamado Chávez. La realidad fue muy diferente: se repitieron los discursos a favor del “socialismo”, pero las decisiones prácticas que se tomaron iban en otro sentido. El gobierno y la dirigencia del PSUV decidieron dar un golpe de timón no a la izquierda sino la derecha. Subidas de precios y pérdida constante del poder adquisitivo de los trabajadores, actuación antiobrera de las inspectorías y ministerios de trabajo, recortes masivos de empleo en empresas públicas y privadas…
¡Ningún retroceso en los derechos de los trabajadores y el pueblo! ¡Unidad de los revolucionarios contra los capitalistas y burócratas!
Estas políticas capitalistas, no socialistas, también se han concretado en el pago puntual de la deuda externa a los bancos y multinacionales, mientras se afirma que no hay dinero para garantizar la distribución de alimentos a precios accesibles a todos los que los necesitan. O el Arco minero, que concede a las multinacionales imperialistas condiciones para explotar a la carta los recursos minerales de una superficie equivalente al 12% del territorio venezolano. Entre las empresas con las que se han suscrito acuerdos hay muchas conocidas por sus daños al medioambiente y explotación brutal de los trabajadores y pueblos indígenas, como Gold Reserve expulsada por Chávez de Venezuela. También la política económica ha sido motivo de pugna entre el gobierno y la derecha, concretamente sobre los planes para conseguir dólares y mejorar la crisis económica mediante la creación de empresas mixtas, planes que la Asamblea Nacional ha estado estorbando.
Todas las medidas anteriormente señaladas no representan errores o desviaciones aisladas. La política que está aplicando el gobierno rompe con lo que propuso Chávez y no tienen puntos en común con una verdadera política socialista. Van en dirección opuesta a lo que necesitan las masas. Su objetivo es sellar una alianza con la burguesía (o al menos con un sector de ella) y demostrar a los capitalistas e imperialistas que pueden gestionar la crisis del capitalismo igual o mejor que la MUD. Este camino lleva a la confrontación con las propias bases revolucionarias.
Cada vez más, activistas obreros y populares chavistas se muestran críticos con estas políticas y empiezan a comprender que sólo podrán ser cambiadas con la organización y movilización de las propias bases desde abajo. Como revolucionarios, rechazamos la demagogia de la MUD y los capitalistas, y sus pretensiones contrarrevolucionarias. Al mismo tiempo, poner las funciones de la AN en manos del TSJ no va en el sentido de las acciones revolucionarias que necesita hoy Venezuela. Medidas que refuerzan el carácter bonapartista del Estado, un Estado burgués que pese a todos los intentos de los trabajadores y el pueblo no ha sido sustituido ni desmantelado, no son ninguna solución para los trabajadores sino una amenaza.
En el último año y medio se han producido toda otra serie de acciones por parte del gobierno a las que la burguesía y la derecha internacional no hacen referencia porque les conviene en su estrategia. Se ha reforzado el carácter bonapartista del Estado, pero no para combatir a la MUD sino para socavar las conquistas de la revolución y golpear a sectores combativos del movimiento. Se han paralizado las elecciones a consejos comunales y a diferentes sindicatos: FUTPV (PDVSA), SUTISS (SIDOR) y otros. Los CLAP (organismos dedicados a organizar la distribución de alimentos en los barrios a precios más accesibles) no han sido creados basándose en asambleas obreras y populares, mediante la elegibilidad y revocabilidad de los cargos, sino de arriba abajo y designando los cargos a dedo. Esto ha provocado denuncias por corrupción, arbitrariedades y exclusión de sectores de la población necesitados. A estas medidas puntuales se unen normas como la planteada para la relegalización de los partidos políticos, más restrictiva y que podría dejar fuera del registro legal al Partido Comunista y otras fuerzas del chavismo críticas con las políticas del gobierno. En general, se ha intensificado la tendencia a desprestigiar y reprimir a quienes plantean críticas y diferencias por la izquierda.
¡La revolución sólo puede salvarse si todo el poder pasa a manos de la clase obrera!
La movilización opositora contra la disolución de la AN fue extremadamente débil. Muchos de esos centenares de miles de personas que se manifestaban hace meses exigiendo el referéndum revocatorio están escépticos. La MUD de momento ha aceptado la estrategia del imperialismo de desgastar al gobierno de Maduro y evitar una estrategia “insurreccional”. También es cierto que el colapso de la economía —más de 700% de inflación, 3.000% en el caso de los alimentos— empuja a amplias capas de la población a anteponer la lucha por la supervivencia a todo lo demás. Esto, que dificulta sobre todo la organización y movilización de la izquierda, también afecta a la base de la derecha. Pero esta situación no durará eternamente.
Viendo que no había garantías claras de éxito para un asalto al poder este año por parte de la MUD, los imperialistas han optado, de momento, por dejar que el gobierno siga reduciendo su base social de apoyo. Utilizan el palo y la zanahoria: mientras alientan “negociaciones” utilizando para ello a sus mayordomos de la socialdemocracia española e internacional, instigan al mismo tiempo el sabotaje y el boicot. Por su parte, Maduro y sus colaboradores siguen hablando de revolución y socialismo, pero en los hechos desmantelan muchos de los avances alcanzados bajo los gobiernos de Chávez. Ello facilita a los imperialistas su objetivo de desprestigiar la revolución y las ideas del socialismo y crea un escenario cada vez más peligroso.
Para evitar una derrota trágica de la revolución, ya sea a manos de la burguesía tradicional y el imperialismo, o de la burocracia que se dice socialista pero está cada vez más fusionada con la clase dominante, sólo hay un camino: la unidad de los revolucionarios para luchar por un verdadero programa socialista que unifique todas las reivindicaciones y luchas obreras y populares, movilizándose en la calle contra cualquier retroceso en las condiciones de vida (salarios, derechos, etc). Hay que arrancar el poder económico y político de manos de los capitalistas y burócratas y ponerlo de verdad en las de los trabajadores y el pueblo.
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